¿Una empresa ha comunicado tus datos a un registro de morosos? Te contamos qué hacer.

Es habitual que las empresas que prestan servicios tales como telefonía o internet, que son con las que solemos firmar permanencia, ante un incumplimiento de ésta, nos apliquen una penalización y en caso de que nos neguemos a su abono, comuniquen nuestros datos a registros de morosos ¿Es correcta esa práctica? ¿No podemos hacer nada? Según la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, una comunicación de datos indebida en un fichero de morosos vulnera el derecho al honor de la persona cuyos datos se han incluido, lesionando su dignidad.

            Has de tener en cuenta que figurar en las listas de morosos no carece de importancia pues a la hora de pedir un crédito o hipoteca, sencillamente no te lo conceden, ya que los bancos y las entidades de crédito comprueban la solvencia de sus futuros clientes mediante la utilización de estos listados.

El Tribunal Supremo en una sentencia de fecha 19 de noviembre de 2014 aborda este tema. En concreto, se trata de unos clientes que firmaron un contrato de colocación y servicio de alarma en su domicilio con una empresa de seguridad que incluía una permanencia de 24 meses. Los clientes, tras recibir una oferta más económica deciden rescindir su contrato antes de la fecha de vencimiento del contrato, siendo sancionado por la empresa de seguridad con una penalización de 500 euros. Tras su negativa al abono, la empresa comunica sus datos a un fichero de morosos, tal y como le había advertido en la factura en la que le cuantificaba el importe de la indemnización.

Los clientes deciden entonces interponer demanda contra la empresa por considerar que “la inclusión en un fichero de solvencia patrimonial y crédito sin que se cumplan los requisitos para ello es una intromisión ilegítima en el honor”, siendo ésta desestimada en Primera Instancia y por la Audiencia Provincial. Finalmente el Tribunal Supremo le da la razón.

Establece el Tribunal Supremo en su sentencia que los registros de morosos  son ficheros “de datos de carácter personal sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, destinados a informar a los operadores económicos … sobre qué clientes, efectivos o potenciales, han incumplido obligaciones dinerarias anteriormente, para que puedan adoptar fundadamente sus decisiones sobre las relaciones comerciales con tales clientes”, pero matiza que hay datos que pueden ser “ciertos y exactos” sin ser por ello determinantes para valorar la solvencia económica del interesado, de modo que en esos casos no sería pertinente incluirlos en esos pues su finalidad es precisamente  el conocimiento de la situación de endeudamiento de los sujetos incluidos.

Concluye el Tribunal Supremo que lo que lleva a los clientes al impago en el caso que nos ocupa es la actitud del cliente que se opone a la penalización de la empresa y no su insolvencia, de modo que ese impago no es determinante para enjuiciar su capacidad económica. Se trataba por tanto de una deuda incierta, dudosa, no pacífica y no exacta, porque había sido fijada unilateralmente por la empresa de seguridad con base en una mera estimación, siendo por tanto no apta para sustentar la inclusión legítima de los datos del cliente en un registro de morosos.

Entiende por ello que ha existido una intromisión ilegítima en el derecho al honor del cliente que merece ser indemnizado, razón por la cual se estima el recurso de casación interpuesto y condena a la empresa al pago de una indemnización al cliente de 1.800€ a cada uno de los cinco demandantes.